¿Un nuevo (o viejo) sistema de pensiones?

Cada vez más numerosos son los jubilados que reciben una pensión procedente de las arcas del Estado. El último dato de octubre de 2023 consta de un total de 9.131.829 pensionistas, y sigue subiendo. 

Actualmente es el Estado quien se responsabiliza por garantizar la procura existencial de sus ciudadanos. Desde el desarrollo de este Estado de bienestar en la segunda mitad del siglo XX, los gobiernos se han dedicado a cubrir las necesidades básicas de los individuos a través de una serie de garantías convertidas en derechos, y entre ellos, el derecho a recibir una pensión. Pero ¿qué significa realmente tener derecho a una pensión? Para entender el concepto, debemos acudir al país que más llevó al extremo la noción de bienestar, Japón.

Tal fue el éxito de la adopción del bienestar en Japón, que en 1970, su esperanza de vida pasó a ser la más larga del mundo, y todo ello, a partir de unas políticas que tenían como objetivo la creación de un sistema de seguridad económica que garantizase un nivel de vida mínimo ante determinadas circunstancias, entre ellas la vejez. De esta manera, el país pasó a obtener el galardón de poseer el mayor fondo de pensiones público del mundo, que permitía una renta establecida a la población tras finalizar su edad de trabajar, es decir, con la llegada de la jubilación. Básicamente, se puede decir que una pensión es un seguro que protege contra la vejez (un seguro que sí o sí se percibirá). 

No obstante, a largo plazo, ello ha supuesto un lastre financiero para Japón. El aumento de la esperanza de vida combinado con una tasa de natalidad decreciente da como resultado un nivel de envejecimiento de la población altísimo (las personas de 70 años o más representan el 23,1% de la población japonesa). Esto supone una cuantiosa carga para el Estado, cuya deuda pública alcanzó un 255,39% del PIB en 2019, y cuyo presupuesto asistencial equivale a las tres cuartas partes de los ingresos tributarios. ¿Cómo va a hacer frente Japón a una deuda de tal tamaño si cada vez menos personas trabajan y más personas dependen de los impuestos? ¿Cómo se va a mantener este sistema de bienestar a largo plazo con una población tan envejecida?

Realmente no se sabe, y es desconcertante. Pero bueno, es Japón, da igual, ¿no? Y ¿qué ocurre con España? Pues los datos tampoco son alentadores. El envejecimiento en la población española cada vez es mayor. En este gráfico de la Fundación Adecco vemos que la tendencia en el índice sigue subiendo y que en la última década ha aumentado 25 puntos.

Asimismo, la natalidad no aporta una visión esperanzadora. El número de nacimientos de bebés en 2021 fue de 338.532 niños, un 39% menos que hace una década. Volvemos a lo mismo, cada vez un grupo mayor de personas dependerá de las contribuciones de un grupo menor, que posiblemente se verá asfixiado por un aumento de la presión fiscal. 

Los últimos datos que nos aporta la Moncloa muestran que el gasto, hasta agosto de este año, en pensiones contributivas se sitúa en el 11,8% del PIB. Pero si nos centramos en el gasto público en pensiones, éste representa un 41,8% respecto al total de los Presupuestos Generales del Estado para 2023 (190.687 millones de euros), una cantidad que se ha duplicado en los últimos 15 años. Casi la mitad del dinero recaudado a través de impuestos (y subiendo) se destina a pagar pensiones. Pero lo peor de todo ello es la ineficiencia del sistema. Cuando un sistema es ineficiente, no se están optimizando los recursos para producir el máximo resultado posible deseado. Y España actualmente, no es que no esté siendo eficiente, sino que no lo está siendo por mucho. El Instituto de Estudios Económicos (IEE) deja sin palabras al dar a conocer el derroche de recursos económicos de nuestro país. El IEE estima que podríamos reducir el gasto público en un 14% sin perder la calidad de los servicios si se mejora la eficiencia en la gestión. El índice de eficiencia en el gasto público elaborado por el IEE sitúa a España en el puesto 29 de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), con un valor de 74,4 puntos en 2021. 

No cabe duda de que es necesaria una reestructuración o una reforma del sistema, puesto que, quizás, la pregunta no es tanto si este sistema es sostenible a largo plazo, sino cuándo dejará de ser sostenible. A los datos expuestos anteriormente, es preciso añadir muchas otras variables económicas o incluso políticas que hacen que el futuro sea de un gris más oscuro si no se hace nada. La disminución del poder adquisitivo fruto de la inflación, las tensiones geopolíticas que actualmente alcanzan a todos los países, o la interdependencia económica entre los Estados comprometen aún más la estabilidad estatal. 

Por ello, se precisa una solución cuanto antes, y con respecto a lo que venimos comentando, la experiencia chilena en las últimas décadas del siglo XX, ilustra sobremanera cómo un grupo de jóvenes revolucionaron las concepciones sobre la seguridad económica proporcionada por el Estado, el ahorro, la competitividad o la inversión, planteando un nuevo sistema frente al existente o al que, por lo menos, se pretendía alcanzar en el país. 

En 1970, Salvador Allende, un político marxista asciende al poder por la vía democrática. Entre sus pretensiones estaban la adopción del socialismo y una planificación estatal de la economía, lo que llevó, en la práctica a toda una serie de nacionalizaciones generalizadas, a un intento de estatalización de las grandes empresas y a expropiaciones de las industrias energéticas del país. Asimismo, se puso el foco en lo social, con el impulso del ámbito sanitario y educativo. Pero claro, el aumento del gasto público causó un incremento del déficit, al que el gobierno trató de hacer frente con una emisión monetaria. ¿En qué derivó esto? En una inflación que en octubre de 1973 alcanzó el pico del 87,5%. 

Claramente, el Estado requería una profunda revisión a nivel estructural e institucional, dado que básicamente se hallaba en bancarrota. Y esta llegó durante el gobierno autoritario de Pinochet, aunque el protagonismo se lo llevarían los denominados "boys de Chicago" y su impulsor, Milton Friedman. 

Los boys de Chicago fueron un grupo de economistas chilenos formados en el Departamento de Economía de la Universidad de Chicago. Tuvieron como principal profesor a Milton Friedman, el cual tuvo ciertas reuniones con Pinochet para abordar la crisis económica del país. Inspirados por el liberalismo, propusieron reformar el sistema de pensiones de Chile de manera radical. Friedman defendía en su tesis que: “Cuando le entregas a los privados la provisión de los servicios introduces la competencia y lo haces más eficiente”. Pues precisamente eso fue lo que llevó a cabo José Piñera, en calidad de ministro de trabajo en Chile entre 1979 y 1981. 

El sistema elaborado por Piñera permitía no participar en el sistema de pensiones públicas. ¿A cambio de qué? En lugar de contribuir mediante impuestos a este sistema público, el trabajador podía optar por depositar una cantidad equivalente en una "Cuenta de Jubilación Personal", que sería gestionada por entidades privadas denominadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), en régimen de competencia entre ellas. En otras palabras, estaba en manos del propio trabajador la decisión de que fuese el Estado o las empresas privadas quienes gestionasen su dinero para la jubilación. Además, llegada la edad de jubilación, podía elegir si seguir trabajando y contribuyendo, o retirar el dinero y comprar una pensión vitalicia. 

Se trataba de una reforma radical. La base sobre la que Piñera defendía su sistema era que: "lo que había empezado como un sistema de seguro a gran escala se había convertido simplemente en un sistema tributario, empleando las contribuciones actuales para pagar las prestaciones actuales, en lugar de acumular un fondo para su uso futuro. Este enfoque de pagos sobre la marcha, había reemplazado el principio del ahorro por la práctica de las ayudas sociales. Pero ese enfoque, destruye a nivel individual el vínculo entre contribuciones y beneficios, en otras palabras, entre esfuerzo y recompensa. Allí donde esto ocurre a una escala masiva y durante un largo periodo de tiempo, el resultado es un desastre". 

Pero, ¿qué es lo que esto significa? La gente se había acostumbrado a estar asegurada mediante un sistema de garantías sociales financiado por el sector público, lo que hace que el incentivo al ahorro disminuya, a la misma vez que desincentiva, como bien dice Piñera, el vínculo entre el esfuerzo y la recompensa. 

Sin embargo, ¿cómo reaccionó la opinión pública ante este novedoso sistema privado? Pues bien, en un plazo de 10 años, en 1990, más del 70% de los trabajadores se habían cambiado al sector privado. Asimismo, a finales de 2006, aproximadamente 7,7 millones de chilenos tenían una Cuenta de Jubilación Personal (datos obtenidos de la obra del economista británico Niall Ferguson "El Triunfo del Dinero").  Pero más allá de que la libertad de elección ofrece una clara preferencia sobre un régimen privado, frente a un régimen público, los efectos en la economía chilena también fueron notorios. Y ello, debido a que a las AFP se les impuso un límite que impedía que invirtieran más del 6% (más tarde el 12%) de los nuevos fondos de pensiones fuera del territorio chileno, permitiendo así, que la nueva fuente de ahorros no se desviara y se canalizara hacia el propio país. ¿El resultado de esto? La multiplicación del mercado de valores chileno por un factor de 18 desde 1987, una tasa de rendimiento anual de las Cuentas Personales de Jubilación de más del 10% y un aumento del PIB pc envidiable por el resto de economías de su alrededor.

Los cambios estructurales que comenzaron a mediados de los años 70 habían dado sus frutos, hasta tal punto que se acuñó la expresión "el milagro de Chile" para reflejar la eficacia de las medidas liberales adoptadas en el país por los boys de Chicago. Pero no solo eso, sino que cabe pensar que estas reformas allanaron el camino hacia una transición democrática que culminó en 1990 con la dimisión de Pinochet. Como conclusión, el cambio radical mediante medidas liberales no sólo revitalizó la economía chilena en un periodo de inestabilidad, sino que asimismo, permitió la consolidación democrática en el país a finales del siglo pasado.

Pero entonces, ¿a qué viene todo esto? ¿A donde quiero llegar? ¿No les suscita curiosidad pensar qué pasaría si en nuestro país hacemos lo mismo? ¿Y si dejamos a los ciudadanos la libertad de elección entre un sistema público de pensiones o un sistema privado y obligamos a las entidades privadas a invertir tales ahorros en el territorio español? Podría considerarse una jugada arriesgada porque al tratarse del sector privado, se corre más riesgo de pérdida de ahorros a la hora de invertirlos que si es el propio Estado el que garantiza la pensión. Sin embargo, nadie está obligado a correr esos riesgos, cualquier persona podría seguir optando a la contribución corriente a base de impuestos para dicha pensión de jubilación pública y no saldría perjudicada. Se trata simplemente de una cuestión de libertad. 

El beneficio de que se privatice el mercado es el aumento de la competitividad, y en un Estado tan ineficiente como lo es España, quizás la gestión privada de dichos ahorros, que pasarían a convertirse en fondos de pensiones, podría aumentar el rendimiento que se obtiene con ellos, e impulsaría esa mentalidad tan necesaria de esfuerzo-recompensa que disminuye con el garantismo estatal. Si asimismo, se obliga a tales compañías a invertir los fondos captados en España, se impulsaría el crecimiento del país a través de los propios recursos monetarios. Por lo tanto, se elimina ineficiencia, gasto público y presión fiscal, incitando a un mayor consumo, un mayor ahorro y salvaguardando en todo momento lo que ansía todo individuo, la libertad. 

Al fin y al cabo, ¿es tan diferente la España actual, de la Chile de principios de los 70? Obviamente, hay que salvar las distancias entre un régimen y otro. No obstante, en ambos países vemos una tendencia hacia lo público que inunda la vida en sociedad. Todo son garantías. El Estado asegura por constitución una serie de condiciones mínimas, aunque dicho mínimo cada vez es mayor, lo que conlleva un aumento del gasto público que en última instancia repercute en todos los ciudadanos. Todos tenemos derecho a una pensión garantizada por el Estado, aunque más que un derecho, parece una imposición. Lo que más preocupa es que realmente, cuando pagamos impuestos, el Estado no guarda una parte de ese dinero para nuestra pensión, sino que lo utiliza para pagar la pensión de los ya jubilados, por lo que, realmente, nuestra pensión saldrá del dinero de cualquier pobre trabajador que posiblemente, si todo sigue así, no llegue a final de mes. ¿No le genera incertidumbre esta situación? ¿Y si ese trabajador no puede pagar nuestra pensión?

Quizás, si nuestra vida futura dependiera más de nosotros mismos, en lugar de que papá Estado garantice unas condiciones mínimas no tan mínimas para cada individuo, las personas nos preocuparíamos más de ahorrar y de gestionar el dinero de una manera más eficiente, y no nos estancaríamos en una falsa burbuja de comodidad insostenible a largo plazo. En resumidas cuentas, no es eliminar lo público, sino posibilidad de elección.